Publicado el lunes 05 de noviembre del 2012

Pide relator de ONU crear leyes contra racismo en internet

Notimex

NACIONES UNIDAS — Los Estados deben aprobar leyes que combatan la propagación del racismo y la xenofobia en internet, así como evaluar los vínculos entre la difusión de estas posturas en línea y los crímenes de odio, según el relator especial de la ONU sobre el tema.

Sin embargo, en su informe anual ante la Asamblea General, Mutuma Ruteere, relator especial de la ONU para las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia e intolerancias relacionadas, pidió a los Estados ser respetuosos de la libertad de expresión.

“Medidas legislativas son centrales en cualquier estrategia para combatir el racismo, el odio étnico y la xenofobia”, de acuerdo con el documento presentado este lunes ante un comité de la Asamblea General.

Asimismo, urgió a una mayor cooperación entre Estados, organismos internacionales, sector privado, sociedad civil y comunidades locales para combatir la difusión en formatos digitales de actitudes de odio por parte de partidos políticos, movimientos o grupos extremistas.

Expresó que entre más crece la penetración de internet en el mundo más aumentan los sitios que promueven el odio, y más a menudo grupos o individuos extremistas usan herramientas digitales para propagar sus declaraciones.

De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el número de usuarios de internet en el mundo alcanzó los 2,400 millones de personas en 2011.

En una conferencia de prensa en la sede de la ONU, Ruteere consideró además que los proveedores privados del servicio de internet deben adoptar iniciativas de autorregulación y corregulación para hacer más efectivos los esfuerzos del Estado.

Destacó también la importancia de promover el acceso a internet a un mayor número de personas, con el fin de crear más contenidos locales que contrarresten las visiones negativas que pudieran difundirse sobre un grupo en particular.

Sin embargo, llamó a cuidar la libertad de expresión, y a que el combate a la propagación del racismo sea realizado sobre una base legal compatible con las obligaciones de derechos humanos de los Estados.