MÉXICO, DF — La operación de pago a la estructura electoral del PRI con monederos electrónicos estuvo a cargo de una empresa "fantasma", según pudo constatar REFORMA.

El propio representante legal de la empresa Alkino Servicios y Calidad —la única a la que el tricolor reconoce haber contratado para pagos de operación electoral— reveló ayer que la entidad que tramitó el financiamiento al PRI por 66.3 millones de pesos con tarjetas de Monex fue Comercializadora Atama.

El Revolucionario Institucional ha negado tener nexos con empresas "fantasmas", según declaraciones de Jesús Murillo Karam.

"Atama fue quien encontró este sistema de envío del dinero, y ellos se los consiguieron (al PRI); como quien dice ellos nos dieron el servicio y nosotros a su vez lo pasamos al PRI", aseguró en entrevista Rodolfo Antonio Jumilla, representante legal de Alkino, luego de que REFORMA acudió a su despacho.

Atama, constituida el 27 de octubre de 2006, tiene como socios a Juan Oscar Fragoso Oscoy y Ramón Paz Morales.

El primero, según indagaciones periodísticas falleció hace dos años y se dedicaba a la transportación de materiales de construcción; en tanto, Paz Morales es una persona sin empleo fijo que cuando puede consigue trabajos informales.

Los mismos nombres aparecen como socios de otra empresa considerada "fantasma": Grupo Comercial Inizzio. Ambos personajes no tienen condiciones para ser empresarios con manejos millonarios como los operados en la campaña electoral.

El abogado Jumilla dijo a REFORMA que Atama tiene su domicilio en Homero 316 despacho 1004, Colonia Polanco. Ese domicilio es el mismo que aparece en las facturas por 46.2 millones de pesos que Monex entregó a Inizzio por la compra de monederos electrónicos entre abril y mayo de este año.

Sin embargo, en esa dirección, en lugar de las empresas funciona el consultorio dental de la doctora María del Rocío Lozada Neyra.

En su recurso ante el tribunal electoral federal para pedir la anulación de la elección, la Coalición Movimiento Progresista acusa a Atama e Inizzio de triangular recursos de Monex para el PRI y pide investigar esas operaciones.

Sólo gestores

En la entrevista con REFORMA, el representante legal de Alkino señaló que ellos cobraron al tricolor sólo por su trabajo de gestoría.

Jumilla indicó que el contrato lo firmaron el 1 de marzo de 2012 y que Alkino le cobró al PRI 3 millones 652 mil pesos por sus servicios, recursos que no han sido liquidados.

Explicó que, para lograr el financiamiento al PRI, firmaron con Comercializadora Atama un "contrato de préstamo comercial con intereses y servicios accesorios".

El contacto directo para el contrato con el PRI lo tuvo Diana Beatriz Gil Rodríguez, quien es la administradora única de Alkino, comentó.

"Entre todo los que conseguimos, encontramos el servicio que fue el de conseguir el dinero y las tarjetas, en este caso nos consiguieron Monex, pero podría haber sido Banamex o Inbursa o cualquier empresa financiera", explicó.

Acusa PRI desvío del erario a AMLO

Entre tanto el PRI formalizó ayer su solicitud para que el IFE investigue la presunta triangulación de recursos públicos por parte de asociaciones civiles a la campaña presidencial del abanderado de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa en la sede del organismo electoral, el presidente del tricolor, Pedro Joaquín Coldwell, denunció que la Coalición Movimiento Progresista recibió dinero de gobiernos estatales y municipales, abrió cuentas que no declaró al IFE, recibió de personas físicas aportaciones que rebasan los topes legales y dispuso de fondos de personas no identificadas.

Luego de reunirse con el presidente del IFE, Leonard Valdés, el coordinador de la defensa legal de Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam; el representante del PRI ante el IFE, Sebastián Lerdo de Tejeda; el representante del Poder Legislativo ante el Instituto, Jorge Trenti; el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín; el Jurídico del CEN del tricolor, Raúl Cervantes Andrade; el representante suplente del PRI ante el IFE, Andrés Massieu Fernández y el vocero del tricolor, Eduardo Sánchez hicieron una presentación en power point sobre el supuesto manejo irregular de recurso en la campaña del tabasqueño.

Detallaron que en 2006, luego de que López Obrador perdió la elección presidencial ante Felipe Calderón, Javier Núñez López, director general, y Gabriel García Hernández, director de Recursos Materiales del Gobierno capitalino durante la gestión de López Obrador, crearon la asociación civil Honestidad Valiente.

Ambos funcionarios fueron subordinados de Octavio Romero Oropeza, quien fungió como Oficial Mayor del GDF y señalado por el PRI como el principal operador financiero de López Obrador.

Detallaron que el 14 de febrero de 2007, Núñez López y García Hernández constituyeron la asociación civil Austeridad Republicana, misma que dos meses después obtuvo un contrato mercantil por un monto de 4.5 millones de pesos, por parte del GDF por la digitalización de archivos y del manejo de bases de datos de los contribuyentes capitalinos.

El 19 de agosto de 2008, REFORMA publicó que el gobierno de Marcelo Ebrard otorgó a Austeridad Republicana un contrato directo por 2 millones 474 mil 387 pesos.

La Procuraduría Fiscal del DF informó que el proyecto de digitalizar la información se basó en la necesidad de atender de forma rápida juicios, investigaciones y procedimientos administrativos.

Además de agilizar el ejercitar acciones, excepciones y defensas, así como interponer recursos y realizar en general las promociones que requiera.

Los dirigentes y abogados del tricolor denunciaron que Honestidad Valiente es fondeada con donaciones que recibe Austeridad Republicana, organización que a su vez está encargada de captar los recursos a través de los gobiernos perredistas.

Además, destacaron que existen donaciones de legisladores federales y locales de los tres partidos integrantes de la Coalición Movimiento Progresista.

Afirmaron que ni Austeridad Republicana ni Honestidad Valiente están registradas en el padrón de asociaciones civiles donatarias autorizadas por la Secretaría de Hacienda.