MÉXICO, DF — A un mes de la elección presidencial, expertos y actores involucrados en las tareas de observación electoral advierten que es necesario cambiar la forma en que se han vigilado los comicios en los últimos 18 años.

El modelo mexicano de observación, instaurado en 1994 y financiado hasta ahora con 250,600,000 pesos de presupuesto público, se ha centrado principalmente en un monitoreo del día de las elecciones. Pero el conflicto postelectoral de 2006, la reforma constitucional en materia electoral de 2007, la sofisticación de los delitos electorales y el clima de inseguridad evidenciaron la necesidad de enfocar la mirada hacia todas las etapas del proceso y hacia otros actores como los partidos políticos y los medios de comunicación masivos.

Este año, 44 organizaciones de observadores electorales, 11 institutos de educación superior y dos organismos internacionales buscarán desarrollar proyectos para responder a estas nuevas problemáticas con una bolsa inédita de recursos de 73.6 millones de pesos provenientes de los presupuestos del Instituto Federal Electoral y de la Secretaría de Gobernación, que será administrada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El monto del Fondo de Apoyo para la Observación Electoral 2012 representa casi el doble del presupuesto de 40 millones otorgado en 2006 a 26 organizaciones. En las otros cinco comicios federales que vivió México (1994, 1997, 2000, 2003 y 2009), el financiamiento osciló entre 15 y 40 millones.

Las instituciones beneficiadas no serán las únicas en observar la elección: otros 3,555 ciudadanos –acreditados individualmente o por sus agrupaciones ante el IFE (al 17 de mayo)– lo harán con recursos propios.

Acotadas legalmente, sin estructuras permanentes y con poco tiempo de preparación para sus proyectos, las organizaciones de la sociedad civil solicitan para este proceso cambiar las reglas de operación del fondo para que su actuación tenga consecuencias en la vida democrática del país.

Limitaciones

Clara Jusidman, pionera en la observación electoral desde finales de los años ochenta con las asociaciones Acuerdo Nacional para la Democracia (Acude) y Alianza Cívica, explica que en los últimos 18 años se ha logrado impedir que el día de la jornada electoral afloren prácticas fraudulentas como los acarreos, tacos de boletas y robo de urnas.

Sin embargo, puntualiza que la observación convencional, enfocada a vigilar la actuación de la autoridad electoral, ya no está acorde a los tiempos de hoy, ya que muchas tareas que realizaba la sociedad civil ya fueron asumidas por las propias autoridades electorales.

"Lo que ha pasado es que la observación electoral se ha concentrado en las instituciones electorales, en cómo operan y cómo realizan la organización, (pero) hay pocas cosas sobre el clientelismo, compra y coacción de votos de los partidos políticos. Hay que vigilar y evidenciar a todos los actores y uno de ellos son los partidos políticos que no rinden cuentas", dice.

La actual presidenta honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social) no pone en tela de juicio la disposición legal según la cual las opiniones de los observadores no tienen efecto jurídico sobre los resultados de los comicios, porque a su juicio su función es de carácter preventivo.

Explica que el principal problema reside en las reglas de financiamiento y fiscalización de los observadores.

"La posición que hemos tenido desde el Comité Conciudadano (que agrupa a intelectuales y una red de organizaciones) es que los recursos de observación electoral tendrían que asignarse desde el año previo para poder vigilar todas las etapas", enfatiza.

Su organización, Incide Social, creada en 2003, consiguió este año 1.4 millón de pesos para observar "las instituciones electorales, la cultura y las prácticas democráticas de los partidos políticos".

Al igual que el resto de sus correligionarias beneficiadas recibirá el apoyo en tres pagos mensuales. El primero fue depositado apenas en abril. Si cumple al pie de la letra con sus obligaciones, la organización deberá entregar a más tardar el 31 de julio un informe financiero, con facturas originales de gastos que no se extiendan más allá del día de la elección.

La coordinadora del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral 2012 del PNUD, Aleida Ferreyra, coincide en que el reglamento de fiscalización acota el margen de acción de los observadores, pero precisa que se pidió a los funcionarios del IFE no imponer multas a las instituciones que realizarán proyectos sobre la etapa posterior a la jornada electoral, relativa a la justicia electoral, la calificación de las elecciones y la fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

"Las leyes sólo fiscalizan hasta el primero de julio, entonces una de las cosas que discutíamos con la Unidad de Fiscalización (de los Recursos de los Partidos Políticos) del IFE es que no les pueden dar multas porque van a observar el proceso hasta septiembre", indica.

La ley electoral contempla amonestaciones, inhabilitaciones y multas de hasta 200 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal (equivalente a 12,466 pesos) para las organizaciones que infrinjan las normas.

En 2009, el IFE sancionó a 124 de las 147 organizaciones de observadores acreditadas ante el órgano por no presentar su informe financiero, hacerlo de manera extemporánea y no entregar comprobantes.

Las sanciones no han sido el único punto de negociación del PNUD con el IFE. Se exploró también la posibilidad de que los gafetes de acreditación puedan ser ostentados por los observadores hasta después de la jornada electoral.

Asistencia costosa y barroca

La participación misma del PNUD en la gestión de los recursos ha complicado también el trabajo de los observadores.

En 2009, el entonces miembro de Alianza Cívica y hoy integrante de la campaña de la panista Josefina Vázquez Mota, Rogelio Gómez Hermosillo, calificó el modelo de "barroco".

El consejero electoral, Lorenzo Córdova, admite que la intervención del PNUD complicó las tareas de comprobación de gastos de las organizaciones por la pluralidad de los espacios de fiscalización.

"Siendo recursos de la Segob tenía que someter estos recursos a una auditoría. Al transferirlos al IFE, estos recursos eran sometidos a una auditoría de gestión administrativa por el IFE. La transferencia a PNUD implicaba que la contraloría del PNUD, con sus métodos de control, tenía que vigilar la gestión de estos recursos. El problema es que exigían las facturas originales de gasto por parte de tres instancias", indica.

Para remediarlo, este año las organizaciones entregarán únicamente al PNUD toda la documentación original que compruebe el ejercicio de los recursos del fondo.

En diciembre pasado, una misión de las oficinas centrales del PNUD acudió a México para reflexionar sobre cuál ha sido su papel en comicios anteriores y hacer recomendaciones para el proceso de 2012.

Tras reuniones con partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades electorales, los altos representantes del organismo se hicieron la pregunta de si realmente su presencia era necesaria.

"Las preguntas que teníamos es: bueno, nosotros tenemos cooperación con las autoridades electorales mexicanas que son de las mejores del mundo, el país tiene capacidad, ¿es el PNUD necesario? Asumimos que la observación siempre es necesaria, ¿pero el papel de PNUD? Y si sí, ¿tenemos que hacer lo mismo? ¿Qué cosas nuevas recomendaríamos hacer?", reconoce Ferreyra, entrevistada en la sede del organismo en Lomas de Chapultepec.

El derecho a la observación electoral en México se instauró en 1993 en un contexto de desconfianza hacia las autoridades electorales por el fraude del 1988. Se estableció que cualquier ciudadano mexicano mayor de edad y con derechos políticos a salvo podía solicitar una acreditación a título individual para observar la jornada electoral.

Fue hasta la reforma de 1994 cuando se permitió también la observación por parte de extranjeros y de organizaciones de la sociedad civil, a las cuales se determinó apoyar con recursos de la Secretaría de Gobernación. Ese mismo año, el gobierno mexicano solicitó la colaboración del PNUD para administrar los recursos del Fondo de Apoyo a la Observación Electoral.

El PNUD asesora a las organizaciones, organiza cursos de capacitación y convoca a expertos internacionales, pero su apoyo no es gratuito. En cada proceso cobra por gastos de administración entre 7 y 8 por ciento del total del fondo. Este año, su asistencia costará más de 5 millones de pesos.

Organizaciones y proyectos nuevos

Emilio Álvarez Icaza, miembro del Comité Técnico de Evaluación que eligió a las organizaciones ganadoras, afirma que pese a las limitaciones de las reglas de operación del fondo electoral se intentó beneficiar a proyectos novedosos cuya durabilidad va más allá de la jornada electoral.

Argumenta que el conflicto postelectoral en 2006, la reforma electoral del 2007-2008 y los problemas de seguridad en el país –como el asesinato de un candidato a gobernador en Tamaulipas en 2010, la detención de autoridades en Michoacán y los ataques a alcaldes y diputados– ponen a debate nuevos temas, como el de justicia electoral.

"La agenda de observación electoral ha ido cambiando, cuando empezamos en 1994, los observadores tenían el mismo estatus que una persona alcoholizada ante un uniforme armado. Éramos ilegales. Había cosas que hacía la sociedad civil que no hacía la autoridad, pero producto de esta revisión las asumió la autoridad. A mediados de los noventas se discutían los instrumentos electorales, que si la marcadora, que la tinta indeleble; hoy esa no es la discusión, hoy se discute financiamiento, medios y justicia electoral", indica.

Es por ello que de las 44 organizaciones de observadores, beneficiadas en su conjunto con una bolsa de 46.4 millones de pesos, un total de 21 recibirán financiamiento por primera ocasión para proyectos relativos a la cuota de género, la participación indígena y de los jóvenes, la protección de derechos humanos y la justicia electoral.

Elige (Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos) es una de ellas. Su proyecto "Democracia-Joven12" consiguió apoyos por 618,600 pesos. La responsable del proyecto, Perla Sánchez, explica en entrevista que buscan hacer visibles las carencias de la participación de la política formal para este segmento de población.

"Vamos a medir en el ámbito legislativo cuántos de los más de 3,000 candidatos que aspiran a llegar por mayoría y representación proporcional son jóvenes. Queremos saber cuáles son los mecanismos de los partidos políticos para que los jóvenes puedan ser votados y saber cuál es el papel de la juventud en las plataformas electorales", indica.

Otra iniciativa será formar un comité de 15 jóvenes de distintas características geográficas, étnicas y académicas para generar foros sobre participación política. Precisa que para realizar el proyecto se formará un equipo más amplio con investigadores coordinados entre el Centro de investigación y Docencia Económicas (CIDE), el Colegio de México e integrantes de las organizaciones Ímpetu y Medios Comunes.

Sánchez, quien fue observadora ciudadana en 2000 y 2006 con Alianza Cívica, señala que la observación electoral pasa por un momento de crisis por el clima de violencia que sufre el país y la poca ciudadanización del IFE.

"Tenemos un rezago muy fuerte, la experiencia del 2006 nos dejó muy poca certeza de que las recomendaciones de observación electoral sirven. Particularmente en la ciudad hay una desconfianza hacia el IFE. El papel de las redes sociales va a ser fundamental porque si bien las recomendaciones no son vinculatorias para las elecciones sí va a haber un monitoreo fuerte, todos vamos a estar grabando y denunciando", afirma.

Otras dos organizaciones, Observatorio y Monitoreo de Medios (OMCIM) y Ciudadanos en Medios, Democracia e Información obtuvieron cada una un 1.4 millón de pesos para observar la elección desde la perspectiva de las redes sociales (Twitter y YouTube), y la perspectiva de género en los medios de comunicación masiva.

La labor de observación abarcará casi todo el país, ya que 10 organizaciones realizarán proyectos a nivel nacional, 21 enfocados a un estado y 14 cubrirán entre dos y 20 entidades. El Distrito Federal será el más observado, seguido por el Estado de México y Oaxaca.

Pero, después de ese trabajo, la observación enfrentará como en cada proceso otro problema: la divulgación.

La poca difusión de las publicaciones de los observadores ha sido una queja constante de las organizaciones. En octubre de 2011, diversas organizaciones que se reunieron con una representación del IFE pidieron que se abran espacios para divulgar sus informes.

Aleida Ferreyra informa que el PNUD creará una plataforma común en internet para que puedan subir desde antes de las elecciones resultados preliminares de sus investigaciones.

Insumos para reforma electoral

El consejero electoral Lorenzo Córdova destaca que, además del apoyo tradicional que se dio siempre a las organizaciones, este año habrá un segundo y tercer nivel de observación con miras a generar insumos para una eventual reforma electoral.

"Como se está cerrando el ciclo de instrumentación de la reforma electoral de 2007, se quiso también aprovechar este monto inédito de recursos para poder patrocinar una observación especializada en la que se convocan a universidades, colegios de profesionistas, institutos de investigación, sobre normas, procesos y diseño institucional. La idea es contar con estudios que puedan traducirse en un diagnóstico de la normatividad electoral para futuros ajustes electorales", indica.

Los 11 Institutos financiados con 16 millones de pesos trabajarán sobre cuatro temas: libertad de expresión, justicia electoral (procesos administrativos y medios de impugnación), modelo de comunicación político-electoral y fiscalización de los partidos políticos.

La UNAM analizará por ejemplo el contenido y la estructura de la publicidad política televisiva; la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) evaluará y pondrá en perspectiva el modelo de comunicación político-electoral en México; y la Coparmex en conjunto con el Tecnológico de Monterrey elaborarán un diagnóstico sobre el sistema de fiscalización y control del IFE al financiamiento político y gasto electoral.

Además, dos organismos internacionales, el Centro Carter y la Fundación Internacional Para Sistemas Electorales (IFES por sus siglas en inglés) recibirán financiamiento por 481,000 pesos para realizar estudios comparados y analizar el grado de confianza en las instituciones electorales.