Lo acontecido cuando la Suprema Corte recibió esta semana los argumentos a favor y en contra de la polémica ley antiinmigrante SB1070 de Arizona, ha suscitado preocupación y un gran suspenso entre los defensores de la comunidad inmigrante, toda vez que parecería que los magistrados se inclinan a favorecerla.

Tal percepción se debe a la criticada labor del abogado general de la nación, Donald Verrilli, quien al argumentar la inconstitucionalidad de la mencionada ley resaltó ante los jueces que el argumento del gobierno federal contra la SB1070 no está relacionado con discriminación racial o étnica, sino con el derecho de los estados a aplicar las leyes migratorias.

Las críticas —desatadas no sólo en el ámbito de los activistas defensores de los inmigrantes sino también entre miembros del Congreso— apuntan a que Verrilli desechó valiosas cartas, ya que precisamente las implicaciones que esa ley guarda respecto a la discriminación racial, ofrece importantes argumentos para la reflexión de los magistados, pues la legislación autoriza a la policía verificar el estatus migratorio de cualquier persona que parezca indocumentada... una imprecisión que obliga a los oficiales a sospechar, sobre todo, de miembros de la comunidad latina y al hacerlo caer fácilmente en acciones racistas.

La Suprema Corte de Justicia debe razonar a profundidad.

La ley SB1070 de Arizona, de ser respaldada por la Suprema Corte, propiciaría que otros estados impongan legislaciones similares, creando con ello, al parecer, un vacío jurídico en la autoridad federal misma que, como establece la Constitución, es la encargada de ejecutar las leyes sobre inmigración.

Al parecer tienen razón quienes consideran que si el máximo tribunal de justicia aprueba las disposiciones de la SB1070, será un día negro para la historia nacional, en este contexto hacemos votos por que la deseche y al hacerlo certifique la potestad federal en los asuntos de la inmigración.