Las leyes de identificación convierten en blanco a los más vulnerables [Por Vanessa Cárdenas]

Por Vanessa Cárdenas

El 2011 fue un año histórico para gente en el mundo que buscó mayor acceso a un proceso político democrático y abierto. Movimientos como la Primavera Árabe inspiraron a que mucha gente tomara acción y se involucrara políticamente, y el movimiento de Occupy Wall Street es una manifestación de ese deseo aquí en los Estados Unidos. Sin embargo, en lugar de hacer más fácil que ciudadanos estadounidenses participen en nuestro proceso democrático, existen esfuerzos fuertes y equivocados para hacerlo más difícil.

Estados en todo el país han promulgado o están en el proceso de promulgar una gama de leyes y políticas que hacen que el votar sea más difícil. Esta nueva ola de restricciones para los votantes no sólo incluye leyes que requieren identificación con foto, sino también pruebas de ciudadanía, menores oportunidades para poder inscribirse como votante el mismo día, así como más restricciones para restituir los derechos al voto a personas que hayan estado en la cárcel.

Según la organización no partidista, el Brennan Center for Justice, más de 5 millones de votantes podrían verse afectados por estas leyes y, como explicamos abajo, estas leyes son una manera costosa de arreglar un problema que no existe.

El fraude electoral no es un problema

Los defensores de las medidas de restricciones para votantes argumentan que el “fraude electoral” se ha proliferado. Pero los hechos desmienten esta alegación.

Por ejemplo, una investigación a lo largo de cinco años por el Departamento de Justicia bajo el presidente George W. Bush encontró sólo 86 ejemplos de votos incorrectos entre 2002 y 2005. Un informe del Brennan Center publicado en 2007, “La verdad sobre el fraude electoral”, encontró que las alegaciones del fraude electoral a menudo son completamente falsas o demasiadas exageradas. Según los autores del informe, la suplantación de un votante –el tipo de fraude electoral que es el enfoque de este tipo de legislación– es “más raro que la muerte por un rayo”. Y en Virginia, que es uno de los estados que está al borde de aprobar una legislación de identificación del votante, los proponentes de esta legislación no pudieron citar ni un solo ejemplo de fraude electoral en el estado.

La verdad es que la mayoría de los estados ya requieren que los votantes muestren una cédula de identificación en las urnas. El Help America Vote Act de 2002 estableció requisitos federales de identificación de votantes y requiere una cédula de identificación en las urnas para todos las personas que se inscribieron para votar por correo y que están votando por primera vez o si no presentaron una cédula de identificación al momento de inscripción. También existen fuertes penalidades para aquellos que, por ejemplo, traten de hacerse pasar por otra persona y para los que erróneamente llenan tarjetas de registración de votante.

Leyes de verificación de identificación de votante son caras, difíciles de implementar, y perjudiciales para el bolsillo de los estados. El Advancement Project calcula que los estados que contemplan un requisito de identificación con foto podrían enfrentar hasta $20 millones o más en costos.

Además hay muchos requisitos legales para implementar la legislación de identificación con foto. Primero, no se puede hacer que los votantes gasten dinero para ejercer su derecho a votar, o la propuesta sería inconstitucional. Las propuestas de identificación con foto entonces deberán cubrir los costos de proveer la cédula de identificación. Indiana, que tiene la ley de identificación con foto más estricta en la nación, gastó más de $10 millones para proveer las cédulas de identificación para los votantes que la necesitaban.

Además, los estados necesitarían gastar una gran cantidad de dinero para educar a los votantes sobre los cambios en las leyes, facilitar el proceso de obtener una cédula de identificación, y enfrentarán mayores costos administrativos para implementar estas nuevas medidas.

Estas leyes afectan a ciertos grupos de manera desproporcionada. Sin embargo, a pesar de que las repercusiones fiscales (y legales) son malas, lo que es más importante es el impacto que estas leyes tendrán sobre el derecho de las personas de votar, y en la habilidad de poder participar de lleno en nuestra democracia. Y como suele ser el caso, aquellos que tienen más que perder son los que sufrirían más la carga de estos esfuerzos legislativos: los ancianos, los trabajadores de bajos ingresos, y las comunidades de color, ya que muchas veces éstos carecen de las identificaciones necesarias y/o no tienen los medios para conseguir la documentación necesaria para obtener las cédulas de identificación con foto.

Según el estudio del Brennan Justice Center, los esfuerzos para implementar las leyes de identificación con foto, por ejemplo, podrían afectar a 3.2 millones de votantes en sólo cinco estados (Kansas, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Wisconsin), que es el número de personas que se estiman que no poseen identificación.

Y los esfuerzos para hacer más difícil el votar –tales como el limitar las campañas de registración de votante, el terminar la votación temprana y el hacer más difícil que se restituyan los derechos de votar a ex convictos– también afectan negativamente a los jóvenes y personas de color.

En 2008, sólo en Florida se inscribieron por lo menos 176,000 votantes a través de campañas de votación, pero el estado aprobó una ley en el 2011 que cerró o eliminó la mayoría de las campañas e impuso nuevas restricciones y multas en grupos que dirigen las campañas de registración de votante. Incluso el League of Women Voters tomó nota de esta ley equivocada y anunció que después de 72 años dejarían de conducir sus campañas de registración de votante en aquel estado.

El poder votar temprano es también muy importante para aquellos que no pueden salir de sus trabajos para ir votar. La votación temprana permite que la gente vote antes del día de elección y así no tienen que sacar tiempo durante la jornada laboral. Aun así, nueve estados han presentado legislación para terminar con la votación temprana y por lo menos cuatro estados han buscado reducir las oportunidades de votación ausente, una herramienta de votación clave para los jóvenes en las universidades que esperan votar en su estado natal.

Adicionalmente, Florida y Iowa promulgaron leyes para privarles el derecho de votar a los ciudadanos con antecedentes penales, que hacen extremadamente difícil restituir sus derechos para el voto cuando salen libres del sistema penal. Esta medida impactaría sobremanera a los hombres afroamericanos quienes tienen cinco veces más probabilidades de ser encarcelados.

Estas leyes dañan a nuestra democracia

Cada año de elecciones, se nos recuerda que “cada voto importa” y que nuestro derecho (y responsabilidad) más importante como ciudadanos de nuestra democracia es que participemos en nuestro proceso político. Otros a través del mundo están luchando por ese derecho. Los esfuerzos de nuestros líderes electos entonces deberían estar enfocados en crear más oportunidades para la participación, y no en crear más obstáculos.

Vanessa Cárdenas es directora de Progress 2050 en el Center for American Progress.