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MADRID, España El Ministro español de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, anunció que el Gobierno de Mariano Rajoy cumplirá con sus compromisos electorales y estudiará la introducción de la prisión permanente revisable para aquellos casos que hayan alcanzado el máximo grado de condena social.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, Ruiz Gallardón precisó que este tipo de pena será excepcional, revisable y para supuestos muy restringidos, como los crímenes que hayan alcanzado el máximo grado de rechazo ciudadano debido a su fuerte impacto social.
Ante las críticas de la Oposición que acusa al Gobierno del Partido Popular (PP) de pretender introducir en el sistema legislativo español una cadena perpetua camuflada, el titular de Justicia rechazó en su totalidad esta denominación.
"De cadena perpetua, nada, ya que se trata de una prisión permanente revisable lo que es incompatible con la cadena perpetua. En ningún caso será una prolongación de las penas vigentes", replicó Ruiz Gallardón luego de recordar que el nuevo sistema seguirá siendo compatible con la rehabilitación y reinserción social del reo que persigue el sistema penitenciario español y que está contemplada en la Constitución.
El Ministro dijo que con las reformas se busca evitar la puesta en libertad gracias a la aplicación de beneficios penitenciarios de personas que no se han arrepentido de sus delitos y que vuelven a delinquir cuando están en la calle.
Esta pena de prisión permanente revisable equiparará a España con la legislación de la mayoría de los países de la Unión Europea (UE), según el titular de Justicia. Actualmente, la pena máxima en el país ibérico por la comisión de un sólo crimen es de 30 años, aunque una persona puede acumular varias condenas en el mismo juicio si ha delinquido más de una vez.
Además de la prisión permanente revisable, el Gobierno español también impondrá tasas judiciales a los ciudadanos que pretendan recurrir una sentencia ante una segunda instancia judicial.
Ruiz Gallardón anunció también la modificación de la Ley del Aborto para exigir el consentimiento paterno en el caso de las menores que quieran interrumpir el embarazo, además de otras reformas que permitirán que los menores que delincan con adultos sean juzgados junto a estos y no por separado.
El Ministro de Justicia también advirtió que en el caso de los presos de la organización separatista ETA y después del anuncio del cese de la actividad armada, no habrá indultos generales que están expresamente prohibidos en la Constitución, en la que tampoco cabe la amnistía.
El Gobierno español también busca con las reformas al sistema de justicia que los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC) sean designados sin cuotas partidistas para garantizar una mayor independencia de estas instancias.