Publicado el viernes 13 de enero del 2012
Un pasito adelante
Especial La Estrella Digital
Finalmente, después de una larga espera el presidente Barack Obama ha decidido dar un pequeño pero bienvenido paso adelante para cumplir su promesa de racionalizar el desvencijado sistema migratorio nacional.
La semana pasada, Alejandro Mayorkas, el actual director del Servicio de Inmigración y Ciudadanía anunció la intención de la dependencia a su cargo de remediar una injusta regulación migratoria que obstaculiza de manera cruel e innecesaria la regularización del status migratorio de parientes directos de ciudadanos estadounidenses, mediante un pequeño procedimiento administrativo.
La Ley de Inmigración vigente dicta que cuando un pariente directo, padre, madre o cónyuge de un ciudadano, está en el país indocumentado, el ciudadano puede solicitar la regularización del estado migratorio de su pariente si este se somete a un complicado proceso que le obliga a regresar a su país de origen y esperar ahí por un periodo de tiempo que puede fluctuar entre los tres y los diez años. El tiempo de espera varía en función del número de años que la persona lleva viviendo en el país. Es decir, se castiga la constancia de los inmigrantes sin ponerse a considerar que estos son precisamente los que más tiempo llevan viviendo en Estados Unidos y por ende los que más raíces han echado en el país. Si el ciudadano estadounidense logra probar que la separación le causaría "dureza extrema", entonces puede solicitar una "exención" al castigo al que se somete a todas las personas indocumentadas, y quizá reducir un poco la espera fuera del país.
En el caso de los inmigrantes mexicanos por ejemplo, esta regulación les obliga a trasladarse a Ciudad Juárez, hoy reconocida como la ciudad más peligrosa del continente americano, y esperar ahí a que dos agencias burocráticas distintas, el Servicio Migratorio y el Departamento de Estado, resuelvan su situación.
Con la nueva propuesta, los solicitantes podrían obtener una exención provisional que les permitiría permanecer en el país, y sólo una vez que su caso fuera resuelto positivamente tendrían que regresar a su país de origen a recoger sus visas de residentes. La propuesta es sencilla, clara, justa y obligada.
Durante los dos primeros años de su gestión, Obama tuvo un Congreso mayoritariamente demócrata y si hubiera invertido bien su capital político, el país habría dado un paso enorme para reducir el problema de la innecesaria ilegalidad de los inmigrantes.
A un año de terminar su mandato, y con un Congreso hostil dominado por los republicanos la opción de la reforma migratoria integral se ve inviable. La ferocidad con la que hoy hablan sobre el tema migratorio la mayoría de los aspirantes a la candidatura presidencial por el Partido Republicano hace que el clima de intolerancia contra los inmigrantes indocumentados crezca artificialmente. Paradójicamente, para la inmensa mayoría de los estadounidenses la inmigración ilegal no es una preocupación central. Lo que las encuestas nos muestran es que la mayoría de los estadounidenses quiere que el tema de la ilegalidad se resuelva de una manera práctica. Exige que se reforme el sistema para reforzar las fronteras pero sabe que nunca se va a poder deportar a los millones de personas que ya están aquí, que no han cometido delitos, que han pagado sus impuestos y, sobre todo, no quiere separar familias. Lo que verdaderamente les preocupa a los estadounidenses es la falta de trabajos. Lo que les irrita es la asombrosa incapacidad del Congreso para ponerse de acuerdo en temas fundamentales como qué hacer para reducir el desempleo y para reactivar la economía. Así las cosas, lo único que Obama puede hacer es modificar la regulación para hacerla más humana y más razonable sin tener necesidad de contar con la aprobación del Congreso. Y lo primero que debe hacer es exigir que dada la agobiante ambigüedad del término "dureza extrema", el tema sea interpretado por los agentes de migración de manera coherente, racional y generosa. Según el reglamento actual los involucrados en el proceso deben "cuantificar" el grado de "dureza" demostrando, por ejemplo, que la separación tendría un enorme impacto financiero en su vida. ¿Mil dólares mensuales? ¿100 mil?
No. Es evidente que la dureza de la separación de una pareja no se mide en dólares y centavos. Las personas se casan para hacer vida común, para compartir alegrías y penas, para tener una familia, no para acumular capital ni para estar separadas hasta por una década. El otorgamiento de la exención debe basarse en la validez del certificado de matrimonio o de nacimiento y en las pruebas de vida conyugal o familiar, sin que nadie tenga que abandonar a su familia ni deba regresar al país de donde salió buscando un mejor futuro.
El proceso de cambio de la regulación va a tomar tiempo pero debe terminar justo antes de la elección de noviembre. Y aunque las promesas hechas por Obama a las comunidades inmigrantes siguen incumplidas lo justo es admitir que con este tipo de medidas administrativas se le inyecta una dosis de racionalidad y justicia a un sistema migratorio que lleva años deteriorándose.
Sergio Muñoz Bata es mexicano, estudió filosofía en la UNAM y literatura en USC; escribe en 20 periódicos en 12 países. Colaborador de Agencia Reforma.