¡Alivio en Arizona!

Por Sergio Muñoz Bata

Especial La Estrella Digital

A un año de la elección presidencial, los votantes estadounidenses rechazan las posturas de los extremistas y acentúan la centralidad del tema económico como factor decisorio.

A pesar de la incertidumbre que prevalece en el país, los resultados de las elecciones de la semana pasada en un puñado de estados de la Unión Americana hacen pensar que los votantes han recuperado el sentido común.

Primero y por sobre todos los otros comicios, la derrota electoral del presidente del Senado en Arizona, Russell Pearce, el autor de la infame ley SB1070 que pretendía convertir a los ciudadanos en agentes de la Migra y proponía la creación de un estado policíaco, es mucho más que un alivio momentáneo para la comunidad hispana.

Pearce es también el autor de un proyecto de ley infinitamente más cruel que la SB1070 que, entre otras cosas, pretende despojar de su derecho constitucional a la nacionalidad estadounidense a los hijos de los indocumentados nacidos en Estados Unidos. Y su destitución mediante una elección especial gestionada por una alianza entre grupos de la sociedad civil, asociaciones empresariales, activistas comunitarios e iglesias alienta la esperanza de que los legisladores de otros estados de línea dura contra los indocumentados entenderán que las medidas draconianas contra la comunidad hispana no solo ponen en peligro su permanencia en el puesto sino que terminan costándole una fortuna al Estado.

Cabe aquí reiterar que Pearce fue removido de su puesto sobre todo porque su obsesión antiinmigrante terminó siendo demasiado costosa para el estado no tanto por la repugnancia moral de sus propuestas. Según cálculos del alguacil del condado de Yuma tan solo las agencias policíacas encargadas de implementar la ley de Pearce habrían tenido que gastar más de un millón y medio de dólares capacitándose para sus nuevas funciones; en gastos de encarcelación, se habló de 96 millones extra; más otro millón y medio para pagar los honorarios de los abogados que han llevado el litigio y seguirán en él hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia. Y esto sin considerar las pérdidas originadas por el boicot contra el estado por haber aprobado la SB1070, que rondan los 141 millones de dólares, ni el monto de la campaña de mercadeo para mejorar la imagen del estado en el resto de la nación. Un costo que, multiplicado por 15 condados, habría ascendido a cientos de millones de dólares.

También hubo elecciones en Ohio y los votantes revocaron por amplio margen, 68 por ciento vs. 32 por ciento, una ley aprobada en marzo por la Asamblea estatal con mayoría republicana y firmada por el Gobernador John Kasich, también republicano, que impedía a los trabajadores públicos estatales el derecho a la negociación colectiva.

En Mississippi, los votantes se opusieron a una medida que habría obstaculizado el aborto prohibiendo varios tipos de anticonceptivos mientras que en Maine, los votantes votaron en contra de la estrategia republicana para eliminar el registro a votantes en el día de la elección restituyéndolo. Con este voto se beneficia a quienes no están familiarizados con el proceso electoral pero quieren participar.

Desde mi perspectiva, resultaría prematuro interpretar los resultados de las elecciones en Arizona, Iowa, Maine, Mississippi y Ohio como el inicio de una tendencia nacional anticonservadora con vistas a la elección presidencial en 2012. Sin embargo, es a todas luces evidente que ya hay ciudadanos que empiezan a expresar de manera contundente su rechazo al extremismo de derecha promovido por el Tea Party dentro del Partido Republicano y optan, a cambio, por un retorno a la moderación.

También creo que empieza a delinearse con mayor claridad que el estado de la economía el día de la elección presidencial será el factor decisivo. Al menos eso auguran tanto los resultados de los comicios de la semana pasada como los postulados, aunque radicalmente opuestos, del Tea Party y del "99 por ciento".

Para el Tea Party, la crisis que vive el país es producto de la incontinencia del Gobierno en su gasto; la intervención del Estado en la economía imponiendo normas y reglas al manejo del sector privado; y el régimen fiscal imperante que inhibe el crecimiento económico porque castiga al sector privado. Las demandas del "99 por ciento", expresadas a través de los distintos movimientos de ocupación, son también del orden económico: lo que el "99 por ciento" quiere son más y mejores trabajos; una mejor distribución de la riqueza, (el uno por ciento de la población controla más del 42 por ciento de la riqueza); una reforma bancaria a fondo y una reducción real del poder de las organizaciones cabilderas y de quienes las emplean para corromper a los políticos.

Suponiendo que la precaria situación económica de los países europeos lograra estabilizarse y que dentro de un año en Estados Unidos continuara el alto índice de desempleo y el bajo crecimiento económico, el candidato que a juicio de los votantes les ofrezca el mejor plan económico para sacar al país de la crisis prevaleciente en ese momento resultaría ganador.

Así las cosas, la pregunta, magistralmente planteada por Simon Kuper en el Financial Times, sería si los votantes están realmente calificados para calibrar adecuadamente cuál de los planes presentados por los candidatos es el bueno o si simplemente se dejarán llevar por las promesas del candidato más elocuente. ¿Usted qué cree?

Sergio Muñoz Bata nació en la ciudad de México. Estudió filosofía en la UNAM y literatura en USC. Fue miembro del consejo editorial de Los Ángeles Times y escribe en 19 periódicos en 12 países. Colaborador de Agencia Reforma.