NEZAHUALCÓYOTL, Edomex — A seis meses de concluir su gobierno en el Estado de México, Enrique Peña Nieto presume en spots y discursos que su administración ha logrado inaugurar en México "una nueva forma de gobernar".

Sin embargo, un análisis de su gestión en los rubros de seguridad, finanzas públicas y desarrollo social revela que a pesar de los cuantiosos recursos con los que cuenta la hacienda mexiquense, los problemas persisten, y algunos incluso se han agravado. Con base en las cifras y con ayuda de especialistas, Enfoque se dio a la tarea de responder una pregunta: más allá de la imagen, ¿cómo gobierna Peña Nieto?

Seguridad: muchos recursos, magros resultados

Érika Sánchez se enteró de que La Familia Michoacana ya estaba en su colonia, la Benito Juárez, en Nezahualcóyotl, por su sobrino Alfonso, de 13 años.

"Llegó un día de la secundaria y me dijo que un tipo andaba vendiendo droga afuera, y que andaba presumiendo que lo había contratado La Familia, los mismos de la tele. Yo me espanté. Le dije que ni se le ocurriera acercársele porque esos hombres están locos".

Érika, ama de casa y madre de una niña de tres años, calcula que eso fue hace ocho meses. Por eso cuando se enteró de que el 16 de enero pasado habían ejecutado a nueve personas en su municipio, ocho de ellas a unas cuadras de su casa, pensó inmediatamente en que era un ajuste de cuentas.

"Los mataron igualito a como matan en otros lados. Ya después se supo que eran de La Familia. Pero ellos llevan aquí rato, eh, no es de ahorita. Me preocupa por mi hija, porque así son nuestros vecinos", dice angustiada.

Desde antes de ese ataque Érika no salía de noche. Hoy incluso en el día se cambia de acera si ve un grupo de "gente rara" platicando en la calle, para evitar el peligro. "Si sólo se dedicaran a vender droga, bueno, pero también empiezan a robar, a amenazar. Ya me ha dicho mucha gente de aquí cerquita que ha sido asaltada por los mismos que se drogan y que venden, que les han quitado celulares y monederos", explica.

Las recientes ejecuciones en Nezahualcóyotl y otros municipios como Naucalpan y Atizapán han comprobado la presencia del crimen organizado en las zonas urbanas del Estado de México. Hasta hace un par de años se creía que los cárteles sólo operaban en los municipios colindantes con Guerrero y Michoacán (como Tejupilco o Luvianos). Hoy el Ejército patrulla ocho municipios de la zona conurbada con la Ciudad de México (Atizapán, Naucalpan, Chalco, Ecatepec, La Paz, Huixquilucan, Cuautitlán y Nezahualcóyotl) con el fin de frenar la violencia.

Con la llegada de estos grupos también se han disparado los delitos del fuero común, aquellos que deben ser combatidos por los gobiernos locales; de manera notable, el robo con violencia –principalmente a negocios–, la extorsión y el secuestro.

Según los indicadores del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el combate a la delincuencia será uno de los pendientes de Enrique Peña Nieto al dejar gubernatura, el próximo 15 de septiembre. Aunque en su periodo de gobierno el número total de delitos del fuero común sólo se incrementó en 14.3 por ciento entre 2005 –año en que comenzó su gobierno– y 2010, el repunte de algunos delitos específicos en la entidad más poblada del país es evidente.

El total de robos denunciados se incrementó en 51.8 por ciento, al pasar de 75,911 en 2005 a 115,251 en 2010. En el ranking nacional la entidad se mantuvo entre los primeros cinco lugares en cualquier tipo de robo con violencia.

El incremento en el robo a negocios, entre 2005 y 2010, creció más de 2,000 por ciento, al pasar de 296 a 6,570. El repunte de este delito fue tan importante entre 2009 y 2010 que la entidad brincó del lugar 19 al sexto a nivel nacional. Además, el robo a instituciones bancarias se multiplicó por cuatro, de 55 a 225.

Otro delito que ha crecido constantemente durante el sexenio de Peña Nieto es el del secuestro, al pasar de 46 en 2005 a 172 en 2010, un incremento de 273 por ciento. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, es la entidad en la que más personas secuestradas han sido asesinadas en los últimos cinco años: 92 en total.

En algunos casos, la Procuraduría General de la República ha iniciado investigaciones a altos mandos policiales y hasta alcaldes y ex alcaldes por su posible participación en plagios, como en Huixquilucan e Ixtapaluca. El último caso se dio el pasado 28 de febrero, cuando fue girada orden de aprehensión contra el ex edil de Tlalmanalco, Raúl Sánchez Reyes, acusado de dar protección a una banda de secuestradores.

El único delito que se redujo considerablemente durante la gubernatura del mexiquense fue el de homicidios, 53.8 por ciento menos entre 2005 y 2010. Según la base de datos de ejecuciones del gobierno federal, entre diciembre de 2005 y diciembre de 2010 se registraron en la entidad 1,528 homicidios, 4.44 por ciento del total nacional. De ellos, 1,456 fueron ejecuciones.

Lo preocupante es que hasta 2006 no se había registrado ningún municipio con ajusticiamientos del crimen organizado. Para 2007 35 alcaldías ya reportaban por lo menos una ejecución. En 2010 son ya 75 los municipios en los que ha habido ejecutados, que representan el 60 por ciento del territorio mexiquense (Reforma, 27/02/2011).

Sin embargo, esta reducción en homicidios debe matizarse. No ha sido suficiente para evitar el incremento de los feminicidios. Incluso, organizaciones de derechos humanos han pedido que se declare una alerta de género en el estado. Entre 2005 y agosto de 2010 se han registrado 922 homicidios de mujeres. Lo preocupante para las organizaciones es que 526 están impunes, según cifras del Observatorio Nacional de Feminicidios.

Sin combate integral

Eduardo Guerrero, especialista en seguridad y miembro de Lantia Consultores, explica que la presencia de ejecuciones en la entidad responde a la dinámica de dispersión de actividades que han tenido los grupos del crimen organizado no sólo en el Estado de México, sino en todo el país, por lo que no puede hacerse responsable sólo al gobierno estatal del incremento de la violencia. Sin embargo, el doctor en ciencia política por la Universidad de Chicago asegura que al gobierno estatal le ha faltado una estrategia integral de combate a los delitos del fuero común, pues sólo se logró reducir el número de homicidios; los demás delitos en general se dispararon, algunos de manera descomunal.

"La gestión de Peña Nieto en materia de seguridad no es ni de las peores ni de las mejores. Eso sí, no se frenaron las tendencias en el crecimiento de delitos que su gobierno debe combatir. El repunte del secuestro es el más importante, y debe haber un repunte parecido en extorsión, pero el estado no ha reportado datos al Sistema Nacional de Seguridad Pública, no podemos saber", señala.

El gobierno mexiquense es una de las cuatro entidades que no ha reportado a la Federación la incidencia de extorsión desde 1997. Los otros tres son Campeche, Colima y Puebla. Para Guerrero, deben darse a conocer a la brevedad estos datos, pues el incremento del secuestro y la actividad de cuatro cárteles criminales en la entidad permite prever que seguramente la extorsión ha crecido casi exponencialmente.

Hoy se sabe por reportes periodísticos que la extorsión es un delito expandido en gran parte del estado. Entre los últimos hechos se ha reportado la existencia de extorsión a locatarios de por lo menos cuatro mercados públicos de Neza, por grupos delincuenciales que dicen ser de La Familia.

"El Estado de México es una de las entidades que más recursos en seguridad pública ha ejercido, pero pareciera que no se están ejerciendo correctamente. La entidad es de las que más policías tiene por cada 1,000 habitantes, más de cuatro, pero parece que ni el número de elementos ni la tecnología está funcionando", explica.

De acuerdo con los presupuestos de egresos de la entidad, entre 2006 y 2011 se han destinado 42,849.8 millones de pesos a la seguridad pública. Entre 2005 y 2011, el gasto anual destinado a este rubro casi se triplicó, al pasar de 4,604 millones a 11,272.1 millones.

El Estado de México es la entidad más beneficiada en la asignación de recursos del Fondo de Aportaciones de Seguridad Pública federal en 2011, al recibir 568.1 millones de pesos.

El gobierno de Peña Nieto también presenta retrasos en materia de capacitación policial. La entidad es una de las que más rezagada se encuentra en este rubro a nivel nacional. Hasta diciembre de 2010 sólo el 3.04 por ciento de los 36,675 policías había sido sometido a exámenes de confianza y sólo el 8 por ciento había sido capacitado.