Fallos de Suprema Corte son victorias para inmigrantes

Por Jay Torres

Especial La Estrella Digital

Primera de dos partes

DALLAS — La balanza de la justicia se inclinó a favor de los inmigrantes después que la Suprema Corte decretó a su favor en dos juicios que según expertos establecen un precedente legal y afecta el sistema jurídico de inmigración.

Los dos dictámenes chocan con los vientos antiinmigrantes que en los últimos tiempos soplan en la nación.

En el caso conocido como Padilla v. Kentucky los expertos juristas interpretan el veredicto de la Suprema Corte como una victoria para la Constitución ya que el tribunal máximo decretó que las garantías fundamentales que ésta ofrece aplican de igual manera a inmigrantes y a ciudadanos.

En el otro caso conocido como Carachuri-Rosendo v. Holder la máxima corte dictaminó por unanimidad que un residente legal, quien en dos ocasiones había sido declarado culpable de ofensas menores, no debe ser reclasificado como culpable de un delito grave al combinar las dos ofensas menores.

Los dos casos ilustran que los tribunales federales de inmigración utilizan un sistema legal diferente al utilizado en las cortes donde se ventilan casos criminales.

El caso Padilla V. Kentucky

Archivos de la Suprema Corte reflejan que aunque José Padilla no era un ciudadano de Estados Unidos, el nativo de Honduras creció en este país como residente legal.

Se educó y hasta defendió los ideales de este país combatiendo honorablemente en la guerra de Vietnam.

Pero cuando Padilla se vio involucrado en líos de justicia, su abogado supuestamente le recomendó se declarara culpable por un delito de tráfico de drogas.

Y aunque Padilla se preocupó por los efectos que un dictamen de culpabilidad podría tener en su estatus migratorio, su abogado, quien no era especialista en inmigración, supuestamente le aconsejó que aceptara una sentencia de cinco años y no se preocupara de perder su residencia legal ya que había estado en el paíspor un largo periodo de tiempo.

Aparentemente tal consejo fue erróneo ya que bajo nuevos y más estrictos reglamentos de inmigración, Padilla estuvo a punto de ser deportado debido a su admisión de culpabilidad.

Por ello Padilla inició una acción legal en contra de su abogado, caso que terminó en la Suprema Corte.

Allí, los magistrados concordaron 7 a favor y 2 en contra, que un abogado tiene la obligación constitucional de informar a un inmigrante acusado de un crimen que declararse culpable podría resultar en una deportación.

Archivos de la corte reflejan que el juez John Paul Stevens, en su opinión, escribió que para muchos inmigrantes la consecuencia de un veredicto de culpabilidad podría ser mucho más importante que la sentencia que resulta de este veredicto.

Por lo tanto, escribe Stevens, es de vital importancia que quienes no sean ciudadanos y son acusados de un crimen reciban consejo legal apropiado.

“El decreto de la corte que exige a los abogados a que den un consejo legal correcto es una victoria enormecon ramificaciones significantes y reales que afectan a individuos y familias en todo el país”, opina Elizabeth Wydra, abogada del Constitutional Accountability Center, una institución dedicada a proteger losconceptos de la Constitución al preservar los derechos y libertad que ésta ofrece.

Jaime Barrón, abogado especialista en leyes de inmigración en Dallas, afirma que este caso confirma lo establecido en la Constitución pero con frecuencia es olvidado por fiscales.

“Es sin duda una victoria para la Constitución y los inmigrantes”, dijo Barrón.

Por su parte, Juan Hernández, quien ha sido catedrático en diferentes universidades de la nación y se especializa en relaciones entre Estados Unidos y México, dice que este caso sienta un precedente histórico.

“Esta vez la Suprema Corte ha reivindicado a los inmigrantes al decir que ellos, aunque no son ciudadanos, tienen el mismo derecho a un tribunal imparcial que los ciudadanos”.

El caso Carachuri-Rosendo v Holder

Archivos legales reflejan que José Ángel Carachuri-Rosendo, residente legal en el país desde los 6 años, endos diferentes ocasiones fue declarado culpable de dos delitos menores por posesión de droga.

Según el expediente, en el 2004 Carachuri-Rosendo fue hallado culpable de posesión de marihuana y en el 2005 de poseer una tableta de la droga conocida como Xanax sin tener receta médica.

Aunque los dos son delitos menores, abogados de inmigración “usaron su creatividad y combinaron los dos cargos para interpretarlo como un delito mayor agravado”, según Mark Lee, abogado especialista en inmigración del despacho de Jaime Barrón en Dallas.

Esta interpretación resultó que en el 2006 se giraran órdenes de deportación para el nativo de México.

Después de agotar el proceso de apelación en la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito en Houston, el caso llegó hasta la Suprema Corte donde los jueces concordaron por unanimidad con los abogados de Carachuri-Rosendo.

“El caso Carachuri-Rosendo refleja la naturaleza conservadora de las cortes de inmigración y los enormes poderes discrecionales con los que cuentan los jueces”, dice el abogado Lee.

Lee representa a María de la Luz Valente, una mexicana con cuatro hijos estadounidenses que desesperadamente lucha por permanecer en este país después que su esposo fue deportado.

Según Lee el caso de Valente también ilustra la naturaleza conservadora de las cortes y el poder que tienenpara impactar en la vida de familias enteras.

En la segunda parte de este reportaje se expone el caso de Valente y se examina la diferencia entre las cortes de inmigración y las cortes comunes donde se ventilan los casos criminales.