Publicado el jueves 15 de julio del 2010
El vecino más peligroso de México
Especial La Estrella Digital
Estados Unidos tiene mucha de la responsabilidad por la actual narcoviolencia en México, que ha escalado en algunos lugares a una guerra entre el ejército y milicias patrocinadas por los cárteles de las drogas, y ha dado por resultado la muerte de 23,000 civiles desde 2006.
¿Por qué? Porque Estados Unidos es el mayor mercado del mundo para drogas ilegales, y porque este país es la fuente de muchas de las armas de las que dependen los cárteles mexicanos de la droga para combatir contra sus rivales y el gobierno, y para asegurarse del silencio renuente de los ciudadanos comunes.
El 28 de junio, mismo día en que la Suprema Corte de Estados Unidos reafirmó el derecho de todos los individuos a portar armas y ordenó que los estados y ciudades el acatamiento de este fallo, un candidato a gobernador fue asesinado en México. Es probable que ambos hechos estén ligados en algunas formas.
Rodolfo Torre Cantú, del Partido Revolucionario Institucional, fue asesinado cuando estaba en campaña por la gubernatura de Tamaulipas en las elecciones del 4 de julio. En un atentado que el presidente mexicano Felipe Calderón atribuyó al narcotráfico, él y cuatro colaboradores suyos fueron abatidos cuando se dirigían a un acto de campaña. Se trata del peor asesinato político en México desde el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta en 1994.
No me sorprendería si se descubre que Cantú fue asesinado con un arma comprada en EU.
Cuando el presidente Calderón vino a Washington en mayo, dijo ante el Congreso que desde la suspensión en 2004 de la prohibición federal en Estados Unidos sobre la venta de armas de asalto, la violencia en México se ha incrementado; señaló que 80 por ciento de los 75,000 rifles y pistolas confiscados en México en los últimos tres años provenían de Estados Unidos. “Hay un asunto en el que México necesita su cooperación”, dijo el dirigente mexicano en su discurso ante el pleno del Congreso estadounidense, “y es el evitar el tráfico de armas de asalto y otras armas mortíferas a través de la frontera”.
La derogada prohibición sobre armas de asalto en Estados Unidos –armas de fuego como el AK-47 y Uzis, las más letales y más buscadas por los criminales– fue firmada por el presidente Bill Clinton en 1994. Incluía una cláusula que permitiría la expiración de la ley en 10 años si el Congreso no la renovaba, cosa que no hizo. Aunque el presidente Barack Obama prometió durante su campaña reinstalar la prohibición, y se afirma que su administración está en favor de tal medida, aún no lo ha hecho. Muchas de esas armas de asalto están terminando en manos de criminales mexicanos. Pero la violencia con armas de fuego no es sólo un problema en el lado mexicano de la frontera.
Hay 200 millones de armas en Estados Unidos, y son usadas para cometer unos 30,000 asesinatos cada año. La reportera de The New York Times Susan Saulny informó recientemente que tan sólo en Chicago, 258 estudiantes fueron víctimas de la violencia con armas de fuego durante el año escolar 2008-2009, y 32 de dichos estudiantes murieron.
Pese a estas estadísticas, el día en que Cantú fue asesinado, la Suprema Corte de Estados Unidos, con una votación de 5-4, dictaminó que la garantía de la Segunda Enmienda sobre el derecho de un individuo a portar armas es aplicable en los niveles locales y estatales —una decisión que probablemente acotará las leyes locales de control de armas que tratan de combatir la epidemia de violencia con armas de fuego. ¿Y qué seguirá a esto? Más muertes en ambos lados de la frontera.
Al final de cuentas, todo es política e ideología, como tantas otras cosas en Estados Unidos. Esto explica las claras divisiones partidistas en la confirmación de Elena Kagan, nominada a llenar un puesto vacante en la Suprema Corte. Toda decisión –sobre cada caso, cada causa, que afecta la vida de millones de ciudadanos– requiere de una mayoría, lo que significa el apoyo de cinco magistrados. En consecuencia, cada puesto es objeto de duras batallas políticas, con demócratas y republicanos presionando para inclinar la balanza en favor de causas e intereses diversos.
Y el problema es aún más profundo: la Constitución de Estados Unidos otorga a cada ciudadano el derecho a portar armas, como está estipulado en la Segunda Enmienda. Ese principio, adoptado hace más de dos siglos, quizá fue necesario y justo en esa época, pero ha tenido consecuencias negativas para nuestra sociedad moderna que los fundadores de la nación no podían haber previsto.
En su voto en contra, el juez John Paul Stevens escribió: “Las razones que motivaron a los formuladores para proteger la capacidad de los milicianos para conservar sus mosquetes disponibles para uso militar cuando nuestra nación estaba en su infancia, o que motivó al Congreso de Reconstrucción para extender la ciudadanía plena a los hombres liberados después de la Guerra Civil, sólo inciden en forma limitada en el asunto que enfrenta el dueño de un hogar en una metrópolis infestada por la criminalidad hoy en día”. El juez Stephen G. Breyer señaló que la prohibición sobre armas cortas en Chicago había salvado cerca de un millar de vidas desde que entró en vigor en 1983.
Cuando criminales y narcotraficantes aprovechan una ventaja, debemos adoptar medidas para recuperar el control. Los sabios –y los jueces– deben saber cuándo ha llegado ese momento.