Despliegan a militares salvadoreños en cárceles para controlar crimen

Notimex

SAN SALVADOR — La Fuerza Armada de El Salvador inició el control de las cárceles para evitar desde esos lugares la incontrolable criminalidad que afecta al país, y que amenaza con masificarse

Los militares, como primera acción tomaron el centro penal de Ciudad Barrios, minutos antes que el presidente Mauricio Funes, anunciará la noche del miércoles en cadena de radio y televisión sobre el despliegue de los soldados en ese reclusorio al oriente del país.

En medio del temor de la población de amenazas de los pandilleros de imponer toque de queda en el municipio de Mejicanos, donde el domingo pasado hubo una masacre y murieron 15 personas, Funes salió a calmar los ánimos y pidió confiar en los planes de seguridad.

Al reiterar su condena por los sucesos en que 15 salvadoreños perdieron la vida al ser atacados en los autobuses en que viajaban, Funes dijo que el desligue de militares en cárceles es un hecho, pese a que estaba previsto que este proceso iniciara el sábado.

Además, anunció que enviará un anteproyecto de Ley al Congreso para criminalizar a las pandillas juveniles. La violencia se combate con “represión”, afirmó Funes.

Vamos a prestar seguridad en las cárceles, en el perímetro intermedio, “vamos a registrar a todos los que entren y salen, vamos a evitar que lancen celulares, droga u otros objetos al interior de los penales”, dijo el ministro de la Defensa, general David Payés.

Al menos mil 500 soldados han sido entrenados para esta misión con el objetivo de bajar los índices delincuenciales, pues desde el interior de los reclusorios dictan órdenes de asesinatos, secuestros, extorsiones y otros delitos.

Los militares también se desplegarán en los puntos ciegos de las fronteras para incautar armas, drogas y otro tipo de tráfico que se registra en esas zonas.

La Policía Nacional Civil (PNC) montó desde el miércoles un amplio operativo, que incluyó hasta helicópteros ante la amenaza que se corrió del toque de queda que habían impuesto los grupos de pandillas en la zona.

La corporación policial desmintió por medio de un comunicado de prensa el supuesto toque de queda.

La policía también montó seguridad en viviendas de las familias de los 15 fallecidos, donde eran velados o iban a ser enterrados, pues desde la tarde del miércoles los cadáveres comenzaron a ser entregados por el Instituto de Medicina Legal.

Las autoridades de Medina Legal debieron tomar pruebas de ADN a familiares de las víctimas, ya que 14 de ellas quedaron calcinadas,

ya que uno de los autobuses atacados fue incendiado con gasolina.

La PNC ya capturó a ocho de los presuntos responsables de los ataques, y de salir culpables se les podría aplicar la Ley de Actos de Terrorismo, pues la acción violenta ha sido calificada como “terrorista”.