Posted on Tue, Feb. 02, 2010

WASHINGTON — El sistema migratorio de Estados Unidos requiere de una urgente reestructuración legislativa y administrativa ante la sobrecarga de casos de deportación y eventuales presiones externas, según un estudio divulgado hoy aquí.

En el reporte "Reforma del Sistema de Inmigración: propuestas para promover independencia", se destacó la necesidad de crear una agencia encargada de certificar los casos de inmigrantes sujetos a deportación, que sea independiente del Departamento de Justicia.

El estudio, encargado por la Barra de Abogados de Estados Unidos (ABA), recomendó además la creación de un tribunal migratorio -creado por el Congreso- que cuente con dos magistrados presidentes, uno para juicios y otro para apelaciones migratorias.

Indicó que las políticas migratorias del Departamento de Seguridad Interna (DHS) han contribuido a una "explosión" en la carga de casos en las cortes migratorias.

"En 2008, las autoridades del DHS iniciaron 290 mil procesos de deportación, 180 mil inmigrantes fueron detenidos en cárceles estadunidenses y 60 mil fueron deportados", dijo en rueda de prensa Larry Schneider, de la firma Arnold & Porter, que realizó el estudio.

Entre las 60 recomendaciones que incluye el reporte está la de ampliar la contratación de al menos 100 jueces adicionales, así como de personal administrativo, ya que cada juez migratorio se encarga en promedio de mil 200 procesos judiciales al año.

Puntualizó la necesidad de elevar los estándares de profesionalización de los jueces de migración y que se les requiera poner por escrito sus decisiones y respuestas a argumentos, ya que en la actualidad algunos lo hacen sólo de manera oral.

De acuerdo con el estudio, hay un bajo nivel de cumplimiento en las cortes migratorias del proceso legal debido a la politización del tema y a la falta de independencia de los tribunales migratorios del Departamento de Justicia.

Con la "protección de la ley y el proceso legal debido", se evitaría una sobrecarga de casos en las cortes de apelaciones ya que en 2008 fueron apelados 10 mil casos.

El reporte recomienda a las autoridades del DHS reducir la carga al sistema de designación de deportaciones ejerciendo discrecionalidad al no demandar presencia en las cortes en aquellos casos en los que "a primera vista" tienen posibilidades de no ser expatriados.

Recomendó una redefinición de "felonía agravada", al considerar que se ha abusado del término y ahora se encarcela con fines de deportación a personas que han cometido faltas menores.

También pidió eliminar la retroactividad en la aplicación de los cargos criminales, ya que eso sobrecarga al sistema migratorio.

Consideró también que era necesario reducir la detención de personas que carecen de riesgos de huir o que no representen un riesgo para la seguridad nacional o pública "aumentando alternativas a la detención como la libertad bajo palabra a aquellos que buscan asilo".

En el estudio se destacaron los problemas generados por la falta de representación legal de los inmigrantes.

Recomendó al Congreso establecer el derecho a la representación legal con costo al erario público para los no ciudadanos que son elegibles potenciales a no ser deportados como aquellos con necesidades especiales, niños no acompañados o personas enfermas o con debilidades mentales.

Más de la mitad de los acusados en juicios de deportación y el 84 por ciento de los detenidos no tienen representación legal por lo que se incrementa las probabilidades de dilación, cuestionable imparcialidad, incremento en el costo del procedimiento y riesgo de abuso por "consultores migratorios", se agregó en el reporte.

Los cambios propuestos al Consejo de Apelaciones Migratorias incluyen la revisión de cada caso por un panel de tres miembros en vez de un solo juez, así como ampliar el plazo de 90 a 180 días para que los magistrados tomen una decisión.

El estudio fue elaborado "pro bono", es decir sin cobrar por honorarios profesionales, por más 50 abogados e investigadores de la firma Arnold & Porter y se basó en mas de 100 entrevistas a funcionarios académicos y abogados migratorios.