Publicado el jueves 16 de julio del 2009
Reanudan debate sobre reforma migratoria [Por Sergio Muñoz Bata]
AGENCIA REFORMA
En su campaña presidencial, y mucho antes de que se hiciera público el desbarajuste económico en el que se encontraba el país, Barack Obama prometió tres reformas que serían las prioridades de su gobierno.
La primera, al sistema de salud; la segunda, al sistema educativo y la tercera, la de la política energética nacional. Una vez ganada la elección e instalado en el poder, el obligado rescate financiero del sistema bancario y la profundidad de la crisis económica nacional le han forzado a repensar los tiempos y los términos de la complicada encrucijada política en la que se encuentra el país y por ende, su proyecto de nación.
Esta semana, el Congreso ha decidido iniciar el debate para reformar el desvencijado sistema migratorio nacional, justo en el momento en el que varios estados y ciudades en la nación están al borde de la quiebra, añadiéndole así nuevas complicaciones al difícil predicamento en el que se encuentra el presidente.
Y aunque la sabiduría política convencional aconseja siempre concentrarse en las prioridades principales de la agenda y evitar a como dé lugar los temas divisivos -y la reforma migratoria es sin duda uno de los más espinosos- al presidente no le va a quedar más remedio que invertir buena parte de su capital político para resolver otro asunto que su antecesor dejó pendiente.
A Obama le toca encabezar la lucha por una reforma migratoria profunda, generosa e integral que podría darle nuevo ímpetu a la economía, reforzaría la seguridad nacional, restauraría el estado de Derecho y contribuiría a mejorar la dañada imagen del país en el extranjero.
Como suele suceder en épocas de crisis económica, la atención de un sector de la población se ha enfocado en los inmigrantes, sobre todo en los indocumentados, y en los gastos en los que incurre la nación, los estados, las ciudades y las municipalidades para ofrecerles servicios.
En California, por ejemplo, donde el déficit presupuestal actual rebasa los 26 mil millones de dólares, y el gobierno estatal envía pagarés a sus empleados en vez de cheques, ya los activistas anti inmigrantes han revivido la vieja recriminación de los contribuyentes a los residentes indocumentados, elaborando una iniciativa de ley que, de ser aprobada por los votantes y si resiste las demandas legales que procederían de ser votada por los ciudadanos, recortaría los fondos de asistencia social que reciben las personas sin documentos que tienen hijos nacidos en Estados Unidos.
Con esto, aseguran los activistas, el estado de California se ahorraría unos 640 millones anuales.
Y esto no es, ni por mucho, lo más grave que están maquinando estos grupos xenófobos. Los datos del Pew Hispanic Center indican que en California viven aproximadamente 2.7 millones de personas sin documentos migratorios.
Según las autoridades, el gasto que este 7 por ciento de la población le genera al estado en escuelas para los niños, cárceles para los adultos que delinquen y servicios médicos de emergencia que utilizan, oscila entre 4 y 6 mil millones anuales.Lo que el grupo anti inmigrante no considera es que los indocumentados, al igual que el resto de los ciudadanos, pagan impuestos estatales cada vez que compran comida, ropa, su casa o su automóvil.
Más aún, la mayor parte de las compañías en las que trabajan, les retienen impuestos que, por regla general, nunca les son retribuidos como pensión porque carecen de registro en el Seguro Social dada su condición indocumentada.
No obstante, la Oficina del Seguro Social calculó que en el 2007, la contribución neta de los ilegales al erario nacional fue de 12 mil millones de dólares.
La solución a este problema relativamente menor sería que el gobierno federal retribuyera ese dinero al estado y que también asumiera su responsabilidad pagando el costo de la encarcelación de indocumentados en cárceles estatales, dado que es su obligación controlar el flujo migratorio en la frontera.
Lo difícil, sin embargo, va a ser que los congresistas demuestren que han aprendido de sus errores y que están dispuestos a enfrentar el reto de la reforma migratoria integral con inteligencia, generosidad y valentía. Que logren estructurar una reforma que vea la inmigración no como un problema que hay que resolver, sino como una oportunidad que hay que aprovechar para recuperar parte del disminuido liderazgo mundial de esta nación y para elevar los niveles de competitividad que en ciertos momentos de su historia ha tenido este país de inmigrantes.
Decidir quién entra al país y quién no entra es una acción soberana de los ciudadanos estadounidenses, pero ojalá el Congreso lea con atención el reciente informe de una comisión del prestigiado Council on Foreign Relations, presidida por Jeb Bush y Thomas "Mack" McLarty, y adopte sus conclusiones. Entre ellas, ésta que sintetiza magistralmente el sentir de muchos norteamericanos. "(Estados Unidos) no puede ganar la larga lucha contra el extremismo ideológico cerrando sus puertas a los ciudadanos del mundo que quieren visitar, estudiar o trabajar aquí".