Desata polémica la extradición de 14 ex paramilitares colombianos

notimex

BOGOTÁ, Colombia — La sorpresiva extradición a Estados Unidos de 13 ex jefes paramilitares y un narcotraficante por orden del presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez activó hoy una intensa controversia en este país sudamericano.

El operativo para extraditar en un solo vuelo a quienes fueran los máximos jefes de las ultraderechistas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se inició a las 12:15 a.m. horas locales (05:15 GMT) de este martes.

Los ex paramilitares fueron trasladados desde sus respectivas prisiones en las ciudades de Barranquilla, Medellín y Bogotá a una base militar del occidente de esta capital, donde fueron entregados a las 5:30 a.m. horas locales (10:30 GMT) a agentes estadunidenses.

Los extraditados, según el informe de la Policía colombiana, fueron Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna; Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordo Lindo, y Salvatore Mancuso Gómez, alias El Mono.

También fueron entregados Diego Alberto Ruiz Arroyave; Guillermo Pérez Alzate, alias Pablo Sevillano; Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy; Juan Carlos Sierra, alias El Tuso; Martín Peñaranda, alias El Burro, y Edwin Mauricio Gómez Lara.

El informe incluyó a Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40; Hernán Giraldo Serna, alias El Patrón; Nondier Giraldo Giraldo; Eduardo Enrique Vengoechea, y Manuel Enrique Torregrosa, este último sindicado como narcotraficante.

La extradición tomó por sorpresa a los abogados de los ex jefes paramilitares, quienes estaban cobijados por la Ley de Justicia y Paz que otorgó varios beneficios jurídicos a los desmovilizados, entre ellos la negativa a enviarlos a Estados Unidos.

El fiscal general de Colombia, Mario Iguarán, dijo a periodistas que "acata la decisión (del gobierno de extraditar a las 14 personas) porque somos respetuosos de esa autonomía, de esa competencia, de esa potestad, de esa discrecionalidad".

Iguarán recordó que los ex jefes paramilitares confesaron más de cinco mil 800 delitos, 95 por ciento de los cuales estaban en la impunidad, y entregaron información para ubicar más de mil 450 cadáveres, los cuales fueron entregados a sus respectivas familias.

La abogada Consuelo Parra, quien defiende a tres de los ex jefes paramilitares, y el jurista Germán Navarrete, defensor de otros dos irregulares, pidieron este martes a Uribe Vélez que explique su decisión.

Cinco horas después de la entrega de los ex paramilitares a Estados Unidos, el presidente Uribe Vélez explicó en una alocución de radio y televisión las razones que tuvo para tomar la decisión.

El mandatario señaló que algunos de los ex líderes de ultraderecha reincidieron en cometer delitos, otros se abstuvieron de cooperar con la justicia o también ocultaron a las autoridades información sobre sus bienes.

"La verdad manipulada, deja de ser verdad. La verdad debe ser sin dilaciones", dijo Uribe Vélez al explicar las razones que lo llevaron a extraditar a los ex jefes de las AUC.

Pero los familiares de las víctimas de los ex jefes paramilitares rechazaron este martes la decisión de Uribe Vélez porque puso por encima de los crímenes de lesa humanidad el delito de narcotráfico.

Los ex líderes de las AUC son responsables, según organizaciones humanitarias, de miles de masacres, desapariciones forzadas, expropiaciones de tierra y desplazamientos, delitos considerados como atroces por la comunidad internacional.

Para el vocero de las víctimas de los grupos paramilitares, el jurista Iván Cepeda, la extradición a Estados Unidos busca evitar que aumente el escándalo de los nexos de políticos oficialistas con las agrupaciones de ultraderecha.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la Fiscalía General de Colombia investigan a 62 dirigentes políticos por sus vínculos con los derechistas grupos paramilitares, 31 de los cuales ya están en prisión.

La mayoría de los políticos investigados y detenidos forman parte de la coalición del gobierno del presidente Uribe Vélez, lo que generó una crisis en el Congreso de Colombia.

La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) exigió a su vez a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que respeten los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación.

La CNRR es un organismo estatal que busca garantizar los derechos de las miles de víctimas de los ultraderechistas ex jefes paramilitares.

El organismo dirigió una carta al embajador de Estados Unidos en Colombia, William Brownfield, donde pide que Washington garantice los derechos de las víctimas colombianas de los ex líderes paramilitares.

"Esta sanción (la extradición a Estados Unidos) no puede ir de ninguna manera en detrimento de los derechos de las víctimas a la verdad y a la reparación", subrayó la misiva.

La entidad propuso firmar un acuerdo de cooperación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de Colombia para que los derechos de las víctimas ocupen un lugar central en la agenda judicial.

Como medida preventiva a una reacción militar de los paramilitares, la Policía colombiana reforzó la seguridad en diferentes regiones de este país sudamericano.

El subdirector de la Policía Metropolitana de Medellín, coronel Jorge Rodríguez, dijo a periodistas que se activaron algunos dispositivos en esa ciudad "que tienen que ver principalmente con el control social".