Posted on Fri, May. 09, 2008

DALLAS — El Sindicato Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), el más grande del país y el que cuenta con más trabajadores indocumentados en sus filas, expresó a la Cámara de Representantes su rotundo rechazo a una propuesta legislativa que busca que las autoridades federales verifiquen los documentos de todos los trabajadores de Estados Unidos, para comprobar que estén laborando legalmente.

La oposición a la iniciativa H.R. 4088 o Secure America through Verification and Enforcement, conocida como SAVE Act, fue expresada por escrito el pasado martes 6 de mayo, justo cuando la subcomisión legislativa encargada de esa propuesta realizó una audiencia, como parte de su intento para completar las 218 firmas (ya cuenta con 186) que necesita para someterla a votación.

La SAVE Act fue presentada en noviembre de 2007 por el congresista republicano de California, Brian Bilbray y el demócrata de Carolina del Norte, Heath Shuler, y pretende que el Departamento de Seguridad Interna (DHS) y la Administración del Seguro Social expandan el sistema de verificación para comprobar que las personas con empleo estén trabajando legalmente en el país.

Eliseo Medina, vicepresidente de este sindicato que agrupa a 1.9 millones de trabajadores, advirtió que dicha iniciativa sólo ampliará la economía subterránea, costará miles de millones de dólares al gobierno federal y perpetuará un caótico y destrozado sistema migratorio que daña a toda la gente trabajadora.

Este líder sindical originario de Zacatecas, México, enfatizó que no obstante que la sociedad quiere acabar con la inmigración indocumentada, la historia ha demostrado que la estrategia de deportaciones sin reforma es un “callejón sin salida”.

Por su parte, el hispano Roberto Alonzo, miembro de la Cámara de Representantes de Texas, consideró que la SAVE Act sólo puede ser vista como una maniobra política en tiempos electorales, que enfrenta oposición no sólo de la comunidad y de defensores de derechos civiles, sino también de las empresas grandes que saben cuál es el costo de aplicar esa iniciativa y cómo impactará en sus negocios.

Medina y Alonzo subrayaron el alto costo de aplicar la SAVE Act, en referencia a un estudio que dieron a conocer a principios de abril el Congressional Budget Office (CBO) y el Joint Committee on Taxation (JCT).

Ambas entidades estimaron que el cumplimiento de las medidas que propone la H.R. 4088, reduciría la captación de ingresos por más de 17 mil 300 millones de dólares en 9 años, periodo en el que también el gobierno tendría que gastar más de 23 mil 400 millones de dólares para ejecutar el programa de verificación electrónica de documentos.

La suma de dinero que el gobierno dejaría de captar, más lo que gastaría para aplicar esta ley, llegaría a 50 mil 700 millones de dólares, es decir el 9.8 por ciento del presupuesto total de EU, estimó ese análisis que ha contado con el respaldo de numerosas organizaciones pro-inmigrantes y opositoras a la SAVE Act.